En México, las mujeres destinan 2.5 veces más horas que los hombres a tareas domésticas y de cuidados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2019, realizada por el INEGI. Hay estimaciones recientes que apuntan que, luego de seis años del nacimiento de las hijas y los hijos, las mujeres participan un 16% menos en el mercado laboral formal, y sus salarios bajan un 24% en promedio. Esta situación es aún más marcada en mujeres de bajos ingresos, jóvenes o casadas.
En este sentido, una de las políticas que ha mostrado un gran potencial para mejorar el desempeño de una sociedad, tanto en términos de capacidades personales como beneficios económicos, son los servicios de cuidados accesibles, asequibles y de confianza, que fomentan el desarrollo infantil temprano.
Ampliar los servicios de cuidado infantil temprano beneficiaría a dos segmentos poblacionales clave: por una parte, se posibilita la inserción de más mujeres en el mercado de trabajo remunerado. Hay estimaciones diversas, pero el incremento del PIB podría ser de 15% hacia 2030 si se implementaran acciones que incorporen a 8.2 millones de mujeres a la economía. Además, más mujeres con ingresos estables y formales implicaría también una ampliación de la base contribuyente, algo crucial en un país con una baja recaudación de impuestos y problemas diversos en sus finanzas públicas.
En el otro segmento poblacional beneficiario están, desde luego, las y los más pequeños. Los cuidados tempranos son clave para reducir la pobreza intergeneracional, porque como lo han mostrado abundantes estudios, en los primeros cinco años de vida se establecen las bases para el desarrollo de las competencias en el lenguaje y el razonamiento, pero también las capacidades socioemocionales. Además, estas intervenciones tienen mayores efectos en entornos desaventajados, contribuyendo así a igualar las oportunidades de la población.
Como en otros aspectos de la política social en México, la de cuidados infantiles está segmentada. Las familias que tienen acceso a seguridad social formal (IMSS, ISSSTE, Pemex y demás institutos estatales y municipales) tienen también acceso a servicios de guarderías. En contraste, quienes trabajan en la informalidad deben buscar soluciones particulares, situación que empeoró tras la cancelación del programa de Estancias Infantiles por parte del presidente López Obrador en 2019. Bajo un alegato de corrupción que no pasó de eso, la cancelación del programa provocó que muchas madres trabajadoras se quedaran “sin estancias y sin dinero”.
Como analizó Sofía Ramírez Aguilar, hay tres grandes problemas con la transición de las estancias infantiles a las transferencias en efectivo. El primero es que se pierde más de un trabajo: el de la madre que debe quedarse en casa y el de quien cuidaría a los hijos por un pago cuando la madre saliera a trabajar. El segundo es un costo de oportunidad, porque las mujeres que se quedan en casa de tiempo completo renuncian a estudiar o trabajar. Por último, la pobreza en hogares con más mujeres es una amenaza más grande.
El desarrollo libre y pleno de cada persona debe ser una prioridad en el diseño de las políticas públicas; esta es una meta deseable por sí misma en una sociedad democrática, porque representa la capacidad que tienen las personas de vivir la vida que deseen. Para engendrar libertades sustantivas, sin embargo, las políticas públicas deben tomar en cuenta los vínculos sociales e históricos en los cuales nos desenvolvemos.
Ampliar y mejorar el desarrollo infantil temprano tiene grandes beneficios de corto y largo plazo, que son muy superiores a sus costos: mejorar el desempeño de la economía a nivel agregado, reducir diversas fuentes de desigualdad social, combatir la pobreza intergeneracional y brindar más libertades. Se requiere más voluntad política y coordinación entre los agentes públicos y privados, así como una redefinición del presupuesto público: de eso dependerá el futuro de nuestro país.
Publicado en El Economista.
01-02-2022
