Con la aprobación de las modificaciones a la Ley General de Educación en septiembre de 2019, se eliminó la Ley General de Infraestructura Educativa. Esto significa, entre otras cosas, la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), órgano autónomo encargado de dar seguimiento y canalizar recursos para la mejora, equipamiento de mobiliario e instalaciones físicas de las escuelas en México.
A partir de ahora, dichas funciones serán parte del Consejo de Infraestructura Educativa, instancia que estará conformada por autoridades educativas a nivel federal y local, y de los Comités Escolares de Participación Administrativa operados por padres de familia y maestros de los planteles.
Con los cambios a la ley se busca dar énfasis a una educación tripartita para niños y jóvenes. Hablar de mayor involucramiento de los padres en la educación de sus hijos es necesario, pero no suficiente. A la par, debe existir una responsabilidad compartida entre autoridades de todos los niveles.
Por un lado, se debe garantizar que los procedimientos técnicos respecto a la construcción y mantenimiento de espacios físicos escolares estén a cargo de una instancia capacitada que tenga control sobre en dónde, cuándo y cuáles son las mejoras que se realizan. Por otro lado, los institutos de infraestructura estatales deben asumir su responsabilidad para supervisar, controlar y reportar información clara al Consejo de Infraestructura. Sin ello, difícilmente se podrá tener datos fiables que permitan evaluar e identificar las carencias físicas de las escuelas.
Es indiscutible que la comunidad educativa es quien mayor conoce y vive las urgencias en los planteles; sin embargo, la vigilancia en la ejecución del presupuesto quedará en manos de los comités, quienes se encargarán de designar los recursos para mantenimiento y equipamiento. A su voluntad y preocupación por hacer mejoras físicas en su escuela, se sumará la tarea de convertirse en ojos fiscalizadores sin antes haber tenido experiencia en la materia.
La urgencia de datos educativos
En 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizaron el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), un análisis que brindó un panorama detallado del estado físico de las escuelas y que sirvió como insumo para diseñar programas y políticas educativas. Este tipo de información es imprescindible.
El compendio de modificaciones realizadas a la ley contempla la creación del Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa. Este mecanismo debe responder a la carencia de datos en el sector educativo actual. Es indispensable que su información sea pública y sirva como base para hacer un análisis del gasto educativo para fomentar la transparencia y rendición de cuentas ante estudiantes, padres de familia y ciudadanos.
Sin el compromiso real de las autoridades actuales por sistematizar y actualizar las bases de datos, ante una catástrofe natural como los sismos ocurridos en septiembre de 2017, difícilmente se podrá contar con un registro por inmuebles y tipo de daño que oriente los esfuerzos del Gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
La desaparición del INIFED no solo representa un vacío de información sobre tareas claras con las que contaba el instituto, también refuerza la necesidad de contar con instituciones sólidas que brinden información actualizada y vigilen la aplicación de recursos y compras públicas. Sin esto, los cambios a las leyes y las buenas intenciones por elevar la calidad educativa en el país serán inciertas.
Publicado por Animal Político
06-11-2019
