En mayo de 2010, la Secretaría de Agricultura tuvo una idea estúpida. Muy estúpida. La Sagarpa planeaba construir un edificio y 364 cajones de estacionamiento en parte del terreno que ocupan los Viveros de Coyoacán, uno de los parques más hermosos del Distrito Federal. La propuesta consistía en talar árboles de más de 10 metros de altura para permitir que los burócratas de Sagarpa hicieran válido su derecho subconsciente al estacionamiento. Al final, los vecinos organizados y el sentido común derrotaron esta absurda iniciativa.
La Constitución Mexicana garantiza, en el papel, una vasta constelación de derechos: a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda digna, etcétera. Sin embargo, como sostiene el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, en ningún párrafo de la Carta Magna aparece el supremo derecho a los estacionamientos públicos. A pesar de esta omisión constitucional, muchos mexicanos damos por sentado que la autoridad y los impuestos del prójimo tienen la obligación de otorgarnos un espacio gratuito para dejar nuestro coche. Los automovilistas asumen que la infraestructura de pavimentación, segundos pisos y distribuidores viales no representa un costo de oportunidad sobre el uso de dinero público.
El gobierno de Marcelo Ebrard ha sido la víctima más reciente de la epidemia populista que ha contagiado a gobernadores en todos los rincones del país: la cancelación del impuesto a la tenencia. A pesar de que el tributo en el DF se mantiene para vehículos de lujo, el gesto de magnanimidad fiscal le costará a la ciudad cerca de 5 mil millones de pesos. ¿De dónde saldrá la lana para tapar ese agujero en el erario chilango? ¿De boletos más caros en el Metro, de suspender inversiones en nuevas líneas de Metrobús, de reducir prestaciones para policías? ¿Se contratará más deuda para parchar la cobija?
Una manera de remplazar los ingresos que generaba la tenencia sería pasar de un impuesto sobre la propiedad del automóvil a un gravamen sobre su uso. El camino más corto para lograr esto sería cobrar un sobreprecio a las gasolinas. En 2010 se vendieron en el DF cerca de 56 millones de litros de gasolina al día. Si se cobrara un peso de impuesto por litro se multiplicaría por cuatro la recaudación de la tenencia. Con ese dinero se podrían construir una nueva línea de Metro y más de 10 rutas de Metrobús cada año. El gobierno del Estado de México se tendría que sumar a la iniciativa y, así, reducir los incentivos a que la gente cargue combustible en la entidad vecina. Si se gasta bien, un impuesto de un peso por litro de gasolina podría transformar la Ciudad de México. El problema es que los defeños y el resto de los mexicanos estamos acostumbrados a recibir subsidios cuando llenamos el tanque del coche, no a pagar impuestos.
Un complemento al peso por litro sería cobrar el “derecho” al estacionamiento. Aparcar un coche en la vía pública es el aprovechamiento privado de un bien colectivo. El profesor Donald Shoup, un evangelizador global en el uso de parquímetros, sostiene que subsidiar el costo del estacionamiento es la mejor manera de promover el uso del coche. Shoup recomienda que el precio de los parquímetros debe ser lo suficientemente caro para que, aún en horas de máxima demanda, sólo se utilicen el 85% de los lugares disponibles. En urbes como Nueva York, Londres o París encontrar un lugar de estacionamiento es un infierno. Hallar un estacionamiento barato es más improbable que ganarse la lotería. En varias colonias del DF se empezarán a instalar parquímetros para cobrar el estacionamiento en la vía pública. Sin embargo, el precio de 8 pesos por hora no parece lo suficientemente alto para desincentivar el uso del coche. En San Francisco, California, una hora de parquímetro puede llegar a costar 80 pesos. En las ciudades más maravillosas del mundo se cobran impuestos y recargos al uso del coche para subsidiar la calidad de vida. Aquí le cobramos impuestos a la calidad de vida para subsidiar el uso del coche.