Prensa

El Núcleo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, precisamos algunos puntos sobre las comunicaciones que, como respuesta inmediata a nuestra salida del Secretariado Técnico Tripartita (STT) y el Tercer Plan de Acción, emitieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

• 11 estados ya tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus SLA, mientras que 13 aún no tienen una iniciativa de ley
• Campeche, Chihuahua y Tabasco permanecen sin ningún trabajo para iniciar la construcción de sus SLA
• Morelos destacó por su avance de reforma constitucional deficiente a satisfactoria e incluso ya tiene una ley del SLA satisfactoria

Los estados tienen hasta el 18 de julio de 2017 para implementar sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA). El año pasado, la Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana diseñamos la Ley Modelo para los SLA, la cual es una adaptación a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su objetivo es ser una guía simple para las entidades.

• Las organizaciones que trabajan desde hace cinco años con el Gobierno Federal e INAI en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto deciden salirse del proceso de colaboración por falta de condiciones de co-creación y diálogo.
• En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto.
• El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno.
• El núcleo de Sociedad Civil abrirá un expediente a través de la Política de Respuesta que será enviada al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.

El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil destacó la evidencia revelada en un informe técnico elaborado por Citizen Lab con la ayuda de ONG locales de derechos digitales, SocialTic y R3D, y publicada por el periódico The New York Times el pasado 11 de febrero de 2017 acerca de la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres destacados investigadores y defensores de la salud en México.

Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Coparmex enviaron cartas a todos los candidatos a gobernador de los estados de Coahuila, Estado de México y Nayarit en las que los invita a comprometerse a realizar 11 Acciones de Política Pública para Enfrentar la Corrupción, en caso de ganar la elección este 2017.
De aceptar, el documento que suscribirán los candidatos contiene compromisos verificables de política pública sobre los cuales los candidatos se comprometen a ejecutar en caso de ser electos como gobernadores.

Como es de conocimiento público, el jueves pasado el Senado de la República ratificó el nombramiento de la C. Paloma Merodio Gómez como Vicepresidenta del INEGI tras la nominación del Presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de no cumplir los requisitos legales y que ella mintió al presentar su curriculum.
Lamentamos profundamente esta decisión compartida entre ambos poderes del Estado que pone en entredicho la credibilidad del INEGI y puede comprometer su integridad como organismo constitucional autónomo por parte del Ejecutivo Federal. También constituye un precedente preocupante ante los próximos nombramientos de servidores públicos en otros entes autónomos, que son fundamentales para el funcionamiento de nuestra democracia.