Miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia: análisis de la normativa estatal vía COFECE

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) identificó obstáculos regulatorios en los 32 estados de la República, los cuales afectan el medio ambiente, la seguridad y la salud de la población, además de minar la competencia entre las empresas al dificultar que entren a los mercados y compitan en igualdad de condiciones.
Así lo dieron a conocer datos de su proyecto “Miscelánea de obstáculos regulatorios a la competencia: análisis de la normativa estatal", el cual busca promover marcos jurídicos procompetitivos a nivel local al identificar “obstáculos regulatorios que podrían afectar la competencia en cinco rubros de gran relevancia para la actividad económica: agropecuario, contratación pública, transporte público, desarrollo urbano y ejercicio profesional.”
¿Cuáles son los principales hallazgos de este reporte?

  • Es posible encontrar patrones en cuanto a las restricciones a la competencia aunque la regulación entre cada estado varía. Dichos obstáculos se pueden agrupar en las siguientes categorías:
    - Restricciones que limitan la entrada.
    - Requisitos o criterios que otorgan ventajas en favor de ciertos agentes y en detrimento de otros. Restricciones que limitan la capacidad de las empresas para competir y diferenciarse entre sí. Incentivos a los agentes económicos para reducir la rivalidad competitiva entre sí u obstaculizar el ingreso de competidores.
    - Costos elevados de participación.
    - Ausencia de mecanismos institucionales que favorezcan la competencia.
    - Falta de certeza jurídica.
  • La regulación del sector agropecuario muchas veces recae en el ámbito federal o local para evitar riesgos a la salud. Para hacerlo más competitivo se deben eliminar restricciones regulatorias innecesarias o redundantes para generar mejores condiciones de oferta, precio, calidad y variedad.
  • En cuanto a la contratación pública, la COFECE insiste en que “las regulaciones de las entidades federativas deben privilegiar medios competidos para la contratación con los particulares. Cuando las empresas compiten para proveer bienes o servicios, o bien, para desarrollar obras públicas, se esfuerzan por ofrecer buenas condiciones. Esto, al final, genera un uso más eficiente de los recursos públicos y permite al Estado ofrecer mejores servicios públicos en beneficio de la población.”
  •  El sector del transporte público es vital ya que al permitir la movilidad de personas y mercancías, se determinan las condiciones de bienestar social y desarrollo económico. Por ello, una regulación procompetencia garantiza las mejores condiciones tanto para el Estado como para los usuarios en cuanto a una buena prestación del servicio (calidad, rutas, horarios, capacidad y precios).
  • Una buena regulación en el tema del desarrollo urbano incide directamente en la seguridad ciudadana, fomento económico, patrimonio cultural, medio ambiente, inclusión social, imagen urbana, transporte urbano, obras y servicios público, por lo que “las entidades deben legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población” pues estas regulaciones pueden “contribuir a los objetivos legítimos de desarrollo urbano, o bien estorbar su materialización”.
  • La regulación procompetitiva no debe restringir que las personas calificadas presten sus servicios profesionales, sino que las normas deben “evitar obstáculos que pudieran restringir la concurrencia y competencia y, con ello, afectar las condiciones de oferta y precio de los servicios profesionales en perjuicio de la población.”

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