Los retos en las finanzas públicas de 2017

Para 2017 el escenario de las finanzas públicas plantea un terreno complicado. Por una parte, la caída de los precios y la producción de petróleo (entre enero de 2004 y septiembre de 2015 la producción de petróleo ha caído 34%, mientras que entre junio de 2014 y septiembre de 2015 el preció cayó 61%) han obligado a una serie de recortes por parte del gobierno federal.

Particularmente en el gasto que se transfiere a estados y municipios (el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del siguiente año plantea la reducción de 93.9 mil millones de pesos en tres áreas de gasto federalizado en relación al PEF 2016: Ramo 23, convenios de reasignación y descentralización y protección social en salud) y a un mayor endeudamiento por parte del gobierno federal (entre junio de 2008 y junio de 2016 el saldo bruto total de la deuda del gobierno federal creció 74.9% en términos reales) con los que habrá que lidiar el siguiente año.

Como si no fuera suficiente con los factores externos y la incertidumbre generada por los mismos, las autoridades dejaron pendiente una serie de recomendaciones que bien podrían ayudar a mejorar el panorama, particularmente dos cuestiones: la creación de un Consejo Fiscal y la mejora en el gasto público.

A pesar de que en agosto de este año las calificadoras Moody’s y Standard & Poor's cambiaron a negativa la perspectiva crediticia de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expresó su rechazo a la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la necesidad de crear un órgano técnico en materia de estudio hacendario para el Congreso de la Unión.

La importancia de este órgano es que tendría como función principal la de generar información, análisis y datos sobre las finanzas públicas nacionales con base en estudios técnicos (apartidistas) que sirvan de contrapeso y apoyo legislativo para la toma de decisiones.

El Consejo Fiscal ayudaría a identificar y entender las alternativas que tiene el gobierno en temas primordiales como las pensiones, la recaudación, los gastos fiscales, los pasivos contingentes y la deuda pública. Tan solo en este último es urgente tomar medidas de control y reducción de la misma, de lo contrario, la contratación de deuda se volverá más costosa, se generarán reducciones en inversión productiva y terminará por afectar la buena credibilidad macroeconómica que varias décadas nos significó conseguir.

La mejora en el gasto público es un tema mucho más complejo de alcanzar, pero igualmente necesario. A nivel estatal, los gobiernos subnacionales no han consolidado un presupuesto enfocado en resultados que mejore la eficiencia de su gasto.

Desde 2008 el gobierno federal implementó el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) para elevar la calidad del gasto público, sin embargo, el promedio de avance en la implementación del PbR en las entidades federativas es de apenas 73% y en seis entidades el avance es reprobatorio. Esto significa que no sabemos si estamos gastando bien y si el dinero invertido consigue las ganancias y beneficios sociales deseados.

Además, en 2017 los diputados volvieron a aprobar el lamentablemente famoso “Ramo 23”, que en un inicio tenía como propósito destinar recursos a salariales y terminó por ser la caja negra de las finanzas públicas.

Se han creado fondos discrecionales que duplican las funciones de otros ramos, por ejemplo, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal del Ramo 23 vs. el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal o los fondos de seguridad pública en los mismos ramos. Por ahí se puede empezar a gastar mejor.

En definitiva, 2017 será un año difícil para las finanzas públicas, agravado por el contexto internacional y la postergación de medidas de prevención. El aspecto positivo: el siguiente año será una oportunidad para replantear estrategias y hacer ajustes necesarios.

Publicado por Expansión
29-12-2016