A inicios de mayo el presidente López Obrador presentó el Paquete contra la Inflación y la Carestía, mejor conocido como PACIC. Desde el inicio, se supo que este plan tendría poco efecto sobre el incremento de precios porque más allá de acciones concretas, se trataba de una lista de buenas intenciones y de condiciones que tendrían que darse en cualquier economía más allá de utilizarse en un paquete antiinflación. ¿Quién podría oponerse a los beneficios económicos y sociales de mejorar la seguridad en las carreteras o la eficiencia de los puertos y las aduanas?
Lo mejor del PACIC radicaba precisamente en lo que no era. Frente a un presidente que toma decisiones abruptas, que el paquete no contuviera controles de precios era en sí mismo una buena noticia. Sin embargo, a pesar de que no ha mejorado la seguridad en las carreteras y dudo que la eficiencia portuaria haya tenido cambios significativos, el PACIC sí contiene una medida que ha contribuido, desde antes de estar contenida en el plan, a contener la inflación.
Entre los bienes y servicios específicos incluidos en el cálculo de la inflación, la gasolina de bajo octanaje es el segundo de mayor ponderación, después de la vivienda, por lo que cualquier cambio en el precio de la misma tendrá repercusiones en el INPC. El precio de la gasolina tiene diversos componentes. De entrada, el referente será el precio internacional de la gasolina, al que se le sumarán diversos impuestos, entre ellos el IEPS, para llegar al precio final que pagamos los consumidores en la estación de servicio.
Por IEPS, los consumidores pagarían 5.49 pesos por litro de Magna, 4.64 por litro de Premium y poco más de 6 pesos por cada litro de diesel. Sin embargo, y en función de lo que se quiera lograr con el precio final de la gasolina, a veces “se subsidia” el IEPS, es decir, se deja de recaudar una fracción o su totalidad. En marzo de este año, ante el incremento en el precio internacional de las gasolinas, se empezó a otorgar un subsidio del 100% al IEPS, es decir, se dejó de recaudar el impuesto con el objetivo de frenar una subida mayor en el precio del combustible. Adicionalmente, se empezaron a otorgar “estímulos complementarios” acreditables al ISR y al IVA para detener la escalada.
La semana pasada dejó de darse completo el subsidio a la Premium y esta semana a la Magna, pero en las 22 semanas que lleva la aplicación de estas medidas los costos para las finanzas públicas han sido millonarios. Los datos a la segunda semana de junio muestran que el costo total de los estímulos otorgados había sido de 176 mil 676 millones de pesos. Nada más como referencia, el presupuesto de este año para la Secretaría de la Defensa Nacional fue de 104 mil 107 millones de pesos.
Aún no se publica información más actualizada, pero si estimamos la demanda para la segunda mitad de junio, julio y la primera semana de agosto, el costo de las medidas para contener el precio de la gasolina ha estado alrededor de 268 mil 500 millones de pesos, más de 12 mil millones de pesos a la semana. El costo para las finanzas públicas es innegable.
Quizás la pregunta relevante es cuál hubiera sido el costo de dejar que la gasolina subiera más de precio impulsando la inflación. El cálculo sería complejo, pero seguramente el cálculo relevante que se hizo no fue económico, sino político. Los costos sociales y electorales de los incrementos en el precio de los combustibles los entiende muy bien el presidente.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
16-08-2022
