La semana pasada, más o menos a la misma hora en la que escribo estas líneas, nos sorprendió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación firmado por el presidente López Obrador y prácticamente todo su gabinete (salvo el secretario de Relaciones Exteriores), un acuerdo breve pero peligroso.
Son solo tres artículos. En el primero se señala que cualquier obra de infraestructura, de cualquier ámbito, si se considera prioritaria y estratégica para el desarrollo nacional se declarará de interés público y de seguridad nacional. En el segundo, se “instruye” a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar autorizaciones provisionales para la obtención de cualquier permiso, dictamen, licencia que se necesite para hacer esas obras. Se harán los trámites, pero si en cinco días no hay respuesta, se considerará la misma en sentido positivo. Es decir, afirmativa ficta en solo cinco días. Y en el tercero, nos aclaran que esa autorización será provisional con una vigencia de un año.
Durante esos doce meses los ejecutores de las obras podrán ponerse al corriente en sus trámites.
Las implicaciones de ese acuerdo son brutales. En primer lugar, al recurrir al argumento —o al pretexto— de la seguridad nacional se permite reservar toda la información correspondiente al proyecto, de tal manera que los ciudadanos no podríamos conocer ni una pizca de la información sobre el uso de los recursos públicos a los que tenemos derecho.
En segundo lugar, con esa instrucción a la administración pública federal se llega a un extremo en el que cualquier obra podría ser ejecutada sin ningún estudio ni de rentabilidad, ni de impacto ambiental, ni de impacto a las comunidades. ¿Afirmativa ficta en cinco días para un dictamen de impacto ambiental? Vamos, ni una cita para tramitar una credencial de elector robada se puede sacar en cinco días. Ya destruido el medio ambiente, o dañado la comunidad, o despilfarrado los recursos se pondrán al corriente en sus trámites. O no.
Total, qué más da. Los trámites y los derechos le estorban al gobierno para ejecutar sus caprichos con total desparpajo.
Llama la atención recurrir a la seguridad nacional como excusa. El presidente Trump lo usó en repetidas ocasiones para poner barreras comerciales. Aquí se usa para poner barreras a la transparencia. Poner en un acuerdo que prácticamente cualquier capricho de infraestructura puede ser considerado de seguridad viola la propia Ley de Seguridad Nacional que acota con precisión en su artículo tercero los supuestos bajo los cuales algo puede considerarse de seguridad nacional. A su vez, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información relacionada con temas de seguridad nacional podrá clasificarse como reservada.
Hace unos meses, el IMCO construyó una herramienta, el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), que permite a los usuarios analizar el uso de los recursos públicos en la administración pública. En la página del IRC puede verse cuánto se ha gastado, cómo se ha asignado ese gasto y los documentos que sostienen las compras públicas. A partir de ahí sabemos que las compras por adjudicación directa no han hecho más que incrementarse y hay evidencia documental que muestra asignaciones a empresas dudosas, por decirlo suavemente.
Herramientas como el IRC permiten la evaluación y el análisis del gasto público y de las políticas públicas, pero para que puedan existir se necesita información. El acuerdo es un retroceso profundo en términos de transparencia y de participación ciudadana.
Los expertos señalan que el acuerdo no tiene pies ni cabeza en términos legales, unos señalan que es anticonstitucional a todas luces y que no se sostendrá. Habrá controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, pero mientras eso sucede, el acuerdo sigue vigente. La tentación autoritaria está presente y en marcha.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en El Universal.
30-11-2021
