El sistema de salud en México está enfermo; discrimina entre ciudadanos y segmenta al mercado laboral, es costoso, de poco beneficio y endeble en su financiamiento. Lo primero, porque el acceso a servicios médicos adecuados está en función del ingreso y de la situación laboral; divide a los trabajadores en formales, aquellos que pagan impuestos y cumplen con la regulación de la seguridad social (32.8% de la PEA, ENOE II_2010, INEGI), y en consecuencia tienen acceso a las instituciones de salud pública (IMSS, principalmente) y en informales, quienes representan a la mayor parte de la población, no pagan impuestos y potencialmente son acreedores al Seguro Popular, generalmente sin pago alguno.
El alto costo del sistema reside, en parte, en la tendencia de la presidencia en curso a la universalización de los servicios médicos. En el último quinquenio la tasa de crecimiento anual de los beneficiarios del Seguro Popular ha sido del 52%, mientras que la de los afiliados al IMSS del 3%. A este ritmo, en menos de cinco años alcanzaremos cobertura médica universal, pero la pregunta clave es: ¿cuánto va a costar (dejando a un lado la intrigante de cómo se va a financiar)? Este sistema hoy cuesta 6.7% del PIB y aproximadamente 15.2% del PIB en el 2020. La otra explicación al costo desmesurado del sistema se deriva del dobleteo en servicios médicos. Esto es, de los derechohabientes del IMSS 11% se atiende con servicios médicos privados, y de los derechohabientes del ISSSTE 2% se atiende en el IMSS, 4% en las clínicas de la Secretaría de Salud, y 14% con servicios médicos privados (Censo 2000, INEGI).
Incluso, los burócratas (excepto los funcionarios de la Secretaría de la Defensa) además de contar con los servicios médicos del ISSSTE tienen un seguro de gastos médicos mayores contratado con MetLife. El gasto en 2010 del Poder Legislativo y de las Secretarías de Estado (excluye SRE por falta de información) es de 377.4 millones de pesos.
Es costoso, también, porque representa el mayor obstáculo a las empresas para contratar trabajadores (44% de los empresarios encuestados, World Bank Enterprise Survey) lo que incide en un mayor número de empleos informales. Se piensa (Levy, 2008) que los trabajadores entran al sector formal cuándo requieren de servicios médicos costosos lo que lleva a que el IMSS enfrente un problema de riesgo moral (reflejado en su déficit actuarial de 123% del PIB, del cual 93% son costos de salud).
Los porcentajes altos de derechohabientes del IMSS e ISSSTE que se atienden con servicios médicos privados denotan la mala calidad de los servicios médicos públicos y de aquí el poco beneficio del sistema de salud y del impuesto al trabajo formal. La fragilidad del financiamiento del sistema recae en la decreciente recaudación de la cuota obrero-patronal (la tendencia de los cotizantes al IMSS es a la baja).
Expuesto el escenario del actual sistema de salud, proveer un seguro médico universal salta como solución viable. Con una póliza uniforme, se define un paquete mínimo básico de servicios médicos (con énfasis en medicina preventiva pero con cobertura para las enfermedades costosas que se presentan con mayor frecuencia entre la población), los hospitales públicos y privados certificados compiten por la provisión de los servicios, el IMSS deja de cobrar en nóminas y entra a competir con los demás, la SSA supervisa, sanciona y administra el fondo del que se paga el paquete básico de servicios médicos.
Esto en consecuencia, elimina la incertidumbre respecto a qué está cubierto y el gasto por duplicidad de coberturas. Cambia la concepción del sector informal del mercado laboral porque todos los proveedores de servicios de salud certificados pueden dar seguro médico válido para efectos de empleo. Suprime el problema de riesgo moral al ampliar el grupo de riesgo de enfermos tratados; y el de selección adversa al separar asegurador de proveedor del servicio. El sistema se torna eficiente al aprovechar economías de escala y por la introducción de competencia entre proveedores. ¡Maravilloso!, ¿bajo qué costo? Hoy, 7.2% del PIB; en el 2020, 8.9% (esto es, en un par de años el seguro médico universal empieza a costar menos que el esquema actual), deseablemente financiado con reducciones al gasto público…tarea aún por resolver.
