La energía es uno de los motores más importantes para el desarrollo económico, pues impulsa la productividad y el crecimiento. Sin energía no hay actividad económica posible.
Por ello, para que un país aspire al desarrollo debe garantizar acceso, confiabilidad, seguridad y precios competitivos en los sectores energéticos. Además, las condiciones actuales en el mundo -el cambio climático y la búsqueda por la eficiencia- han causado una revolución en los mercados de todo el mundo, para acelerar la transición energética que ha sido impulsada por la innovación tecnológica.
México va en sentido contrario. Desde 2018, la política energética mexicana ha tenido como objetivo fortalecer y privilegiar a las empresas del Estado -Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE)- a través de un trato diferenciado en detrimento del resto de los participantes de los mercados, y del medio ambiente. El país hoy enfrenta el reto de alinear las políticas públicas, regulaciones e inversiones en búsqueda de la descarbonización de las actividades económicas.
Es por ello, que en el IMCO presentamos La energía que queremos, un estudio que desglosa los principales subsectores de los mercados energéticos con el objetivo de plasmar una visión integral de futuro que promueva una economía más competitiva y más amigable con el medio ambiente, que beneficie a los ciudadanos.
Por ejemplo, para el sector petrolero -que sigue aportando el 19.4% de los ingresos totales del Gobierno Federal- se propone utilizar la renta petrolera para financiar la transición energética. Disminuir la huella ambiental de Pemex debe ser una prioridad, pues en 2020 emitió 50% más de emisiones de flaring que en 2018, esto es 560 millones de pies cúbicos.
Por su parte, para el mercado de gas natural -clave para la generación eléctrica, la petroquímica y la actividad industrial y con menor huella de carbono que sus contrapartes fósiles- se subraya la necesidad de fortalecer la posición de México. A partir de inversiones en almacenamiento y transporte se debe buscar que el país pueda responder ante cambios abruptos en la oferta y la demanda (hoy el país cuenta con apenas 2.4 días de inventarios, por debajo de sus pares de la OCDE).
Finalmente, en la electricidad el reto está en disminuir la huella ambiental mientras se mantiene el balance entre generación y demanda. La Secretaría de Energía contempla invertir 8.2 GW de capacidad instalada de generación entre 2022 y 2025, sin embargo, únicamente el 11% se invertirá en energías renovables y más del 50% se destinará a los ciclos combinados. La cifra es alarmante ya que México se volverá aún más dependiente de una fuente no renovable, pues en 2021 generó 57% de electricidad con este tipo de tecnología.
El objetivo de política pública de cualquier administración debe ser que el sector energético suministre de manera confiable e ininterrumpida los energéticos, a precios competitivos y con el menor daño ambiental posible. México tiene compromisos internacionales que lo vinculan -y hasta cierto punto lo obligan- a comenzar el proceso de la descarbonización.
Aún más importante, México tiene un compromiso con sus ciudadanos. Es urgente que el país acelere el proceso de transición energética para que tengan un menor impacto en sus bolsillos, sin que esto vaya en detrimento de las finanzas públicas y un medio ambiente más sano, así como una economía más competitiva con mayores posibilidades de crecimiento.
Publicado en Animal político.
08-09-2022
