Si fueras gobernador o gobernadora de tu estado y existiera una política educativa para reducir el rezago educativo, mejorar el desempeño de los estudiantes en español y matemáticas, disminuir el abandono escolar, contribuir a la nutrición de los niños, y además permitir que las madres de familia tuvieran más tiempo libre para dedicar a un trabajo pagado, ¿la implementarías?
Durante 13 años existió una política con estas características en México: el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC). A principios de 2022, la Secretaría de Educación Pública anunció su cancelación definitiva, aunque ya había sufrido recortes en años previos. El PETC ofrecía jornadas escolares extendidas y servicios de alimentación para los alumnos en comunidades marginadas. Durante 2020, último año de operación del programa, uno de cada 10 planteles públicos de educación básica del país y un total de 3.6 millones de alumnos fueron beneficiados.
La eliminación del PETC llegó en un momento crítico para el sistema educativo mexicano. El cierre prolongado de escuelas profundizó la pérdida de aprendizajes; se estima que hasta siete de cada 10 estudiantes no cuentan con habilidades mínimas de lectura y escritura. ¿Lo peor? El presupuesto que antes se utilizaba para pagarle a las y los maestros, o para proveer a los estudiantes con una comida nutritiva, ahora se destina a un programa de transferencias llamado La Escuela es Nuestra, cuyo impacto es difícil de medir. La efectividad de este tipo de programas ha sido ampliamente cuestionada.
No todo está perdido. Si bien el gobierno federal eliminó los recursos para el PETC, más de una docena de estados han expresado su voluntad para mantener las jornadas ampliadas y los servicios de alimentación con recursos propios. La voluntad es el primer paso, ahora hay que llevarlo a la acción. ¿Qué tan viable es que las entidades federativas recuperen los pilares del programa?
El PETC construyó una red de operación que permanece. La experiencia de gestión de las autoridades locales, el conocimiento de los docentes, la infraestructura para el servicio de comedor, la consolidación de una red de padres de familia y las evaluaciones nacionales e internacionales que demuestran los beneficios del programa ya están ahí.
Esto es un punto de partida que permitiría ahorrar recursos en la etapa de diseño, pilotaje e implementación de la política. Entonces, ¿cuánto les costaría? El IMCO estimó que los estados tendrían que invertir, en promedio, 2 mil 696 pesos anuales por cada alumno que beneficien en su territorio. Destinar este monto es viable si se hace una planeación presupuestal adecuada.
Las entidades tienen la oportunidad de continuar esta política y mejorarla en el proceso. Como otros programas sociales, el PETC era perfectible. La asignación presupuestal puede ser más transparente y clara para lograr beneficiar a más estudiantes. También deben definirse contenidos prioritarios, como lectoescritura y matemáticas, para reforzar durante las horas adicionales de clase. A pesar de ello, el programa sigue siendo valioso y merecedor de continuidad.
Están puestas las piezas necesarias para generar una política eficiente que contrarreste la pérdida de aprendizajes y la ampliación de las brechas educativas. Es viable y, sobre todo, urgente que los estados tomen las riendas de la política educativa e implementen acciones que aprovechen la experiencia adquirida en el funcionamiento de los horarios extendidos y los servicios de alimentación. La inacción reforzaría las trampas de pobreza al afectar el aprendizaje y la calidad educativa de aquellos con menores oportunidades. Con esto en mente, ¿volvemos a implementar el programa?
Publicado en Animal Político.
21-07-2022
