La semana pasada, la Cámara de Diputados concluyó un proceso legislativo que comenzó en 2018 para garantizar el acceso universal e igualitario a servicios de atención médica de enfermedades mentales y adicciones. Estas reformas buscan sustituir el aislamiento en hospitales psiquiátricos con servicios integrales de prevención y tratamiento en los que se involucre a toda la comunidad.
Desde la óptica de la competitividad, la salud mental es clave para que cualquier persona aproveche su potencial, tenga mejor calidad de vida y sea más productiva. En ese sentido, el objetivo de esta reforma tiene una serie de implicaciones que se deben analizar con unos lentes de realidad. Vayamos por partes.
La buena noticia
México tiene una crisis de salud mental y esta reforma, al menos en el papel, busca mejorar la atención y calidad de vida de las personas que viven algún padecimiento de esta naturaleza. De acuerdo con la Secretaría de Salud , una de cada cuatro personas de 18 a 65 años presenta algún trastorno mental, lo que equivalía a 15 millones de personas en 2018.
Tras la pandemia, esta cifra podría ser mucho mayor, puesto que la tasa de adultos con depresión -solo uno de múltiples padecimientos que afectan a la mente- creció nueve veces en comparación con 2019.
Ante este panorama, aumentar la prevención y atención temprana de las enfermedades mentales es una gran noticia. Sin embargo, me pregunto ¿qué tan factible es que México pueda implementar este modelo de atención integral y humano?
La mala noticia
En los últimos años, el sector salud ha mostrado todo tipo de señales que apuntan a una profunda incapacidad para atender a los pacientes: hay desabasto de medicamentos, empiezan a regresar enfermedades casi erradicadas por falta de vacunación, los tiempos de espera son elevados y hay polémica en torno a la calidad de los servicios.
Parte de estos problemas se deben a un escaso presupuesto, que incluso ha reducido la capacidad para atender enfermedades mentales. Entre 2013 y 2021, México asignó, en promedio, solo 2.1% del presupuesto de la Secretaría de Salud para atender la salud mental.
¿De verdad esta tendencia cambiará a partir de 2023? ¿Con qué indicadores le podremos dar seguimiento para saber si la reforma ha sido exitosa?
Un gran riesgo para las cuidadoras
Alicia Jiménez, psicóloga entrevistada por Reporte Índigo, delineó un riesgo que me llamó mucho la atención. Ella dice que, al priorizar el enfoque comunitario, se podría cargar la responsabilidad a los miembros de la familia de las y los pacientes, lo que puede generar una mayor demanda por cuidados no remunerados.
Las mujeres somos las cuidadoras por excelencia en México. ¿Cómo se piensa prevenir que estos cambios en la ley eviten que más mujeres pierdan sus empleos remunerados o abandonen sus estudios por cuidar a un familiar?
Aunque esta reforma busca garantizar la salud mental y el bienestar de las y los pacientes, a mi me deja con más dudas que respuestas. La transformación del modelo de atención para los padecimientos de la mente requiere presupuesto y recursos humanos suficientes y capaces.
Si esto no se materializa, esta reforma se convertirá solo en una narrativa vacía cuyas consecuencias podrían ser trascendentales para la ciudadanía y sus familias.
*Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad de la autora y no representan la postura institucional.
Publicado en Expansión.
11-04-2022
