Pocas cosas evidencian los límites de la conversación pública que el paso casi desapercibido de la crisis de inversión en el país. De acuerdo con datos del INEGI, los niveles de inversión fija bruta están 12% por debajo de los niveles de diciembre de 2018.
Este indicador es clave para anticipar el comportamiento económico ya que, en parte, indica la disposición de las empresas para adquirir o mantener herramientas de trabajo, revelando así sus expectativas de crecimiento futuro.
Dos temas son clave para entender el origen y las soluciones a la crisis de inversión: las señales políticas y las señales presupuestales.
Las señales políticas tienen consecuencias económicas. El uso de una consulta de un ente ajeno al Estado mexicano para definir la continuidad de una obra pública, los intentos para desbancar a los órganos reguladores y el reciente “decretazo” son algunas de las señales que afectan el clima de inversión del país.
En temas presupuestales, dos hechos que trascienden sexenios han sido particularmente costosos: la inversión federal centrada en hidrocarburos, y gobiernos estatales que no priorizan la inversión.
Solo para el próximo año, cinco de cada diez pesos de inversión federal se presupuestaron para proyectos relacionados con hidrocarburos, mientras que dos se otorgarán a los estados a través de fondos etiquetados (aportaciones) y solo un peso con treinta centavos se presupuestará para proyectos ferrocarrileros, aeroportuarios y carreteros.
El reordenamiento de las cadenas de suministro y un vecino al norte que se encuentra en plena transición energética y está realizando inversiones históricas en infraestructura nos debería mostrar que nuestras prioridades de inversión no se están ajustando a la realidad global.
Los gobiernos estatales también tienen un rol de inversionistas, pero llevan años sin asumirlo. De acuerdo con datos del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2021 elaborado por el IMCO, solo 4.9% del gasto estatal entre 2015 y 2020 se destinó a inversión. Pero incluso en los niveles bajos de inversión pública estatal también hay asimetrías. Mientras que la Ciudad de México, el Estado de México y Campeche destinaron en promedio más de 1,500 pesos por habitante en los últimos 6 años, Michoacán, Yucatán y Nuevo León ejercieron menos de 300.
Para responder de forma más focalizada a necesidades locales es necesario más federalismo y menos federación. Sectores económicos que generan gran cantidad de empleos, como el de servicios y el de edificación y construcción, podrían verse beneficiados de gobiernos locales más activos. La desaparición del Fondo Metropolitano, la reducción presupuestal del Programa de Mejoramiento Urbano y la abandonada política de Internet para Todos son una oportunidad para que los estados emulen buenas prácticas e inviertan en conectividad de zonas marginadas, en dignificar espacios urbanos y reducir la brecha digital.
La caída de la inversión afecta la competitividad del país y constata la acumulación de malas decisiones en el pasado. Para revertir la crisis es urgente, primero, enviar mensajes claros del compromiso gubernamental con el respeto a la ley y con la justa competencia económica. Segundo, es fundamental que nuestra cartera de inversión responda a las oportunidades globales y que, con ayuda de los gobiernos estatales, haya mayor sensibilidad a las necesidades locales. En estos momentos las oportunidades abundan y, por ello, el tiempo apremia.
Publicado en Animal Político.
06-01-2022
