Además de ser –primero que nada– un derecho humano, la educación es también un pilar fundamental de la competitividad, pues supone el desarrollo de uno de los dos elementos que la componen: el talento. La educación también es una de las áreas más afectadas por la pandemia de covid-19. De acuerdo con cifras de la UNICEF, 3 de cada 5 niños y niñas que perdieron un año de educación viven en América Latina y el Caribe. Y en el caso de México, el INEGI reportó que fueron 5.2 millones de estudiantes los que no se inscribieron al ciclo escolar de 2020-2021 por motivos económicos, superando las estimaciones de la SEP de 2 mil 825 millones de estudiantes en agosto de 2020.
En el caso de las ciudades mexicanas, estudiadas a fondo en el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2021, la caída de cobertura educativa reportada por la SEP fue de 2 puntos porcentuales respecto al ciclo escolar 2019-2020: para el ciclo escolar de 2020-2021 la cobertura educativa fue de 73.7%. Sin embargo, más allá de cifras en el corto plazo, estos números prenden una alerta roja para nuestro país y son un problema que, aunque nos compete en el corto plazo, nos alcanzará también a largo plazo si no es atendido. Se estima que estos estudiantes podrían perder hasta el 8% de sus ingresos futuros, lo que detona la siguiente pregunta: ¿cómo esperar que la educación sea una herramienta de movilidad social si las niñas y niños de nuestras ciudades no absorben los aprendizajes esperados en un mundo cada vez más competitivo y hasta excluyente?
Sin duda la educación en México ya enfrentaba retos desde mucho antes de la pandemia: de acuerdo con la edición de 2018 de las evaluaciones PLANEA, que miden los aprendizajes de los estudiantes de México en las habilidades relativas al lenguaje y las matemáticas, poco menos del 80% de los estudiantes “no alcanzaban los aprendizajes esperados en las áreas de comprensión de lectura y matemáticas”. Es intuitivo suponer que con la pandemia, estos problemas estructurales arrastrados se agudizaron. Lo preocupante es que al día de hoy no podemos saberlo con ayuda de datos, pues no los tenemos. Si bien se aplicaron pruebas en este año que también se denominaron PLANEA, estas no tienen la misma metodología que las que tenían las pruebas realizadas anteriormente, por lo que no son comparables entre sí. Entonces, ¿cómo atender un problema que no podemos diagnosticar con exactitud por falta de herramientas? ¿Cómo diseñar políticas educativas si no se conoce la calidad con la que se absorben los aprendizajes?
Es de esperarse que los efectos de este rezago se materialicen de forma distinta según las circunstancias que atraviesan a las y los estudiantes. Mientras que 95.1% de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estratos de mayores recursos tomaron clases a distancia, únicamente el 84.8% de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estratos de menores recursos lo hicieron. Esta situación también se observa en las ciudades en función del número de habitantes, pues de acuerdo con la SEP, para los ciclos de 2019-2020 y 2020-2021 la matriculación de estudiantes entre 0 y 14 años cayó en promedio 3.8% en las ciudades de más de un millón de habitantes, mientras que en las ciudades de menos de 250 mil habitantes cayó en promedio 2%.
Ante estas circunstancias, se pueden identificar dos problemas principales: en primer lugar, los datos comparables y oportunos. Es decir, no contar con datos comparables al pasado sobre qué tan satisfactoriamente captan los aprendizajes las y los estudiantes. En segundo lugar, el rezago educativo que enfrentarán los estudiantes a largo plazo. En este sentido, propuestas como la reanudación de las evaluaciones, la autogestión entendida como un mayor margen de acción para las escuelas y el ajuste de los planes de estudio, pueden ser de utilidad para atender un problema que, si no atendemos, se verá reflejado en la competitividad del talento en muchos años por venir.
Publicado en Animal Político.
25-11-2021
