Por: Fátima Masse, Directora de Sociedad Incluyente, y Fernanda García, Coordinadora de Sociedad Incluyente
Una preocupación común entre los mexicanos, que aumenta en las mujeres, es saber si tendrán ingresos para vivir en la vejez, y si esos recursos serán suficientes para cubrir al menos las necesidades básicas. Esta incertidumbre es muy relevante, puesto que en México solo cuatro de cada 10 mujeres trabajan en la economía remunerada y, de ellas, 55% lo hace en la informalidad. Esto implica que millones de mujeres no tienen la oportunidad de ahorrar para su retiro durante sus años productivos y quedarán a expensas de familiares o de programas de gobierno para subsistir en la tercera edad.
De acuerdo con los datos más recientes del Coneval, 38% de la población de 65 años o más vive en una situación de pobreza. De este universo la mayoría son mujeres (55%). Sin embargo, este grupo poblacional tiene una mayor vulnerabilidad por ingresos que por carencias sociales. Esto quiere decir que al analizar a aquellas que no tienen un ingreso suficiente para superar la línea de pobreza, la proporción aumenta a 54%.
Las pensiones son una herramienta de política pública necesaria para la protección económica de las personas en la vejez. El sistema mexicano está dividido entre pensiones contributivas y no contributivas. En términos simples, las primeras benefician a los empleados en el sector formal y se componen de aportaciones tripartitas: trabajador, empleador y el Estado. Las segundas buscan compensar la falta de acceso a las primeras, se financian con recursos públicos que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y existen diversos programas de apoyo. El ejemplo más destacado es la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, programa insignia de la actual administración.
Los beneficiarios de pensiones contributivas tienen una menor propensión a vivir en pobreza en el retiro, pero el acceso es limitado, especialmente para las mujeres. Ellas tienden a cotizar menos semanas en el mercado laboral por cumplir con otras responsabilidades como los cuidados, situación que reduce los recursos que tendrán disponibles en la vejez. El mismo diseño del sistema de pensiones y las condiciones laborales orillan a las mujeres a depender de otras fuentes de ingresos, como el apoyo familiar y/o las transferencias sociales.
El presupuesto aprobado para 2022 prioriza el programa de pensiones de adultos mayores, al destinarle 238 mil millones de pesos que representan el 3% del total del PEF. Este programa otorga un monto de 1,550 pesos mensuales que no son suficientes para siquiera igualar la línea de pobreza por ingreso que se integra por la canasta alimentaria y no alimentaria, con un valor nacional de 3,606 pesos al mes. Sin embargo, el programa no tiene perspectiva de género, no contempla las necesidades básicas de las beneficiarias ni cambia las barreras que les impiden alcanzar una pensión contributiva.
Las mujeres llegan a la vejez en una situación de desigualdad en comparación con los hombres. Para lograr un país competitivo es necesario atender la desigualdad económica de las mujeres durante las distintas etapas de su vida, incluyendo en la vejez, y reconocer las barreras que enfrentan para insertarse en la economía formal. En concreto, México necesita un sistema de pensiones con protección universal que integre los múltiples programas sociales y que garantice un ingreso suficiente para hacer frente a las distintas eventualidades inherentes a la vejez, sobre todo en el contexto de una carga desproporcionada de trabajo no remunerado para las mujeres.
Publicado en Animal Político.
18-11-2021
