En este año se están rompiendo varios récords. Hace unos días arrancó el proceso electoral 2021, el más grande de la historia en el que 95 millones de mexicanos estamos llamados a votar por más de 21 mil cargos de elección popular. Con este proceso también se abre la puerta para sumar más mujeres en la vida política, debido a que debe haber paridad en las candidaturas.
También, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) contempla el mayor monto para erogaciones de igualdad entre mujeres y hombres en la historia de dicha partida (Anexo 13). Dato que suena esperanzador dado que esta administración federal cuenta con varias mujeres en el gabinete, incluyendo la primera secretaria de Gobernación.
En la arena pública, durante 2020 pareciera que estamos viendo la materialización de una ola de esfuerzos que busca avanzar hacia la igualdad entre sexos que empezaron desde hace varios años como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres o el decreto de abril 2020 para erradicar la violencia política contra mujeres y garantizar paridad en candidaturas y designaciones. Sin embargo, en indicadores clave para nuestro país se nota que la brecha entre mujeres y hombres aún no se cierra.
Somos el quinto país de América Latina con la menor tasa de participación económica. Mientras casi ocho de cada 10 hombres trabajan, solo cuatro de cada 10 mujeres lo hacen. Si bien en 2019 la diferencia entre las tasas de participación económica femenina y masculina fue la menor registrada en 14 años, existe el riesgo de que se vuelva a ampliar a raíz de la crisis por la pandemia.
Además, todavía falta mucho para contar con más mujeres en puestos de liderazgo. Según un estudio de McKinsey, solo el 8% de las direcciones generales de grandes empresas están en manos de mujeres. Peor aún, los feminicidios siguen en aumento e Inegi reportó el viernes que los homicidios de mujeres aumentaron 3.2% en 2019 respecto al año anterior.
¿Por qué no logramos que en México las promesas del papel se traduzcan en mejores condiciones para las mujeres? La respuesta apunta a que las políticas públicas no han logrado romper los incentivos para que las mujeres participen bajos las mismas condiciones que tienen los hombres, ni para recibir igualdad de trato.
Como escribimos mi colega Rebeca Paredes y yo hace unos días, el 71% de las erogaciones del Anexo 13 corresponden a la mitad del presupuesto para ocho de los nueve programas prioritarios del Gobierno Federal. Sin embargo, tener mujeres beneficiarias en los programas de transferencias monetarias no garantiza, por ejemplo, que menos jóvenes abandonen sus estudios por embarazos, ni que más mujeres enfrenten mejor la crisis de cuidados que está generando la suspensión de clases presenciales.
Por otro lado, las instituciones a cargo de encabezar las políticas en favor de las mujeres tendrán que disminuir su gasto. Por ejemplo, la Comisión Nacional para la Prevención y para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) podría quedar con 2% menos presupuesto, en términos reales, que para 2020. Lo que refleja cierta negligencia ante las señales de mayor violencia de género que se han presentado con la pandemia.
Esto no debe seguir así. El discurso, las leyes y los programas deben traducirse en un mejor trato para las mujeres, así como mayores oportunidades para ellas en la economía. Mientras esto no cambie, la brecha entre mujeres y hombres seguirá abierta y los récords para México en este tema se quedarán solo en el papel.
