- El IFAI ordenó a la Secretaría de Educación Pública hacer pública la totalidad de las bases de datos del Censo Educativo.
- Con estas bases, que contienen el registro de la situación laboral de cada trabajador del sector educativo, se tendrá la oportunidad de revisar y corregir anomalías en la nómina docente-administrativa de la educación básica y desvíos de gasto público a propósitos ajenos a la educación.
- La resolución del IFAI protege la inviolabilidad de los datos personales y la privacidad de las personas.
- Esta resolución es resultado del arduo trabajo y compromiso del IFAI y de Mexicanos Primero.
El IMCO y México Evalúa celebran la resolución del IFAI del pasado 22 de octubre que ordena a la SEP liberar el 23% de los datos del Censo Educativo que aún mantiene en reserva absoluta. Con esta resolución, que respondió a una demanda impulsada por Mexicanos Primero, el IFAI dio un paso muy importante para la transparencia en el sector educativo, a favor de la cual organizaciones de la sociedad civil hemos luchado durante meses.
A pesar de tener acceso ya a una mayoría de los datos, es fundamental para la rendición de cuentas del sistema educativo que se hagan públicos los datos faltantes. La razón es simple pero poderosa: este 23% alberga la información necesaria para calcular con detalle la magnitud de los recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) que se están desviando de su función esencial: el pago de las nóminas de los profesores que SÍ TRABAJAN en las escuelas y centros educativos del país.
Como parte del Censo Educativo, el INEGI hizo el esfuerzo de auditar las nóminas educativas. Con base en listas oficiales que proporcionaron los estados, el INEGI confirmó quiénes de la lista realmente sí daban clases en cada escuela de nuestro país. Como resultado, se generó una base de datos que contiene el registro de la situación laboral de cada trabajador del sector educativo con cinco criterios: 1) docente activo presente en la escuela, 2) jubilado, 3) comisionado, 4) muerto o 5) desconocido. Además es fundamental identificar al personal que se negó a contestar el censo educativo o que estuvo ausente durante el levantamiento del mismo.
Estos registros son precisamente los datos que la SEP se ha rehusado a compartir. Es importante destacar que al tratarse de funcionarios del gobierno federal, el nombre y puesto de cada maestro debe ser público de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Las irregularidades en la nómina no son cosa nueva. Son un problema heredado de décadas de negociaciones políticas entre gobiernos y sindicatos, y se explican lamentablemente en gran medida por la infinita opacidad en el sector. La autoridad federal, así como los gobiernos de los estados tienen la responsabilidad de utilizar la información del Censo para corregir los problemas en el manejo de la nómina docente-administrativas, de forma que implementen políticas que atajen las grandes deficiencias que tiene la administración de la nómina del sector de educación básica y media superior en nuestro país. Para un gobierno con voluntad de cambio, la información del Censo presenta una oportunidad enorme para avanzar en la implementación de la reforma educativa.
Confiamos en que a partir de esta decisión del IFAI, la SEP libere a la brevedad el 23% restante de los datos del Censo Educativo, con desglose a nivel escuela, y aplaudimos este importante paso, resultado del esfuerzo de la ciudadanía, el IFAI y el INEGI por transparentar información de un sector vital para el desarrollo nacional y que, por desgracia, tiene graves problemas de opacidad y enormes déficits de rendición de cuentas.
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